NC-BC acusa al Gobierno autonómico de una gestión ineficaz que agrava la crisis habitacional y pone en riesgo fondos europeos
La diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, ha acusado al Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, de cronificar la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago por lo que calificó como “pura incompetencia” en la gestión de la vivienda pública.
Hernández denunció que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha dejado desiertas 900 viviendas, el 42% de las 2.086 licitadas entre 2023 y 2026, una situación que, a su juicio, demuestra la incapacidad del Ejecutivo autonómico para responder a uno de los principales problemas sociales de Canarias.
La portavoz parlamentaria de NC-BC en materia de vivienda alertó además del riesgo de perder fondos europeos, al cifrar en más de 69 millones de euros los recursos que han quedado sin ejecutar, lo que podría obligar a devolver estas partidas a la Unión Europea si no se emplean antes del 31 de agosto, profundizando aún más la crisis habitacional.
Según explicó, estos datos “no son un hecho aislado ni un problema técnico puntual”, sino un nuevo episodio que agrava “el mayor problema social que tiene hoy Canarias”, cuando el acceso a una vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía. Para Hernández, que casi la mitad de las viviendas públicas licitadas no se construyan demuestra una gestión “incapaz de responder a una emergencia real”.
La diputada señaló como causa principal la falta de adecuación de los pliegos de licitación a la realidad del mercado, con precios que no cubren los costes de materiales, mano de obra y maquinaria. “El resultado es previsible: las empresas no se presentan, las obras no se ejecutan y las soluciones no llegan”, criticó.
Carmen Hernández advirtió de las consecuencias económicas y sociales de esta gestión, subrayando que muchos de los fondos sin ejecutar proceden de programas europeos. “Estamos ante el riesgo serio de perder más recursos porque el Ejecutivo de Clavijo tendrá que devolver a la Unión Europea los fondos no empleados y con intereses, mientras miles de familias esperan una vivienda que nunca se inicia”, afirmó.
La situación, añadió, es también especialmente preocupante en el ámbito de la rehabilitación, donde más del 57% de las convocatorias han quedado desiertas, con 600 expedientes sin ejecutar de un total de 1.050, a pesar de tratarse de actuaciones destinadas a mejorar el parque público existente.
La diputada de NC-BC cuestionó el “boquete” entre el discurso oficial y los resultados reales del Ejecutivo formado por Coalición Canaria y Partido Popular, señalando que, pese al anuncio de decretos, planes y nuevas fórmulas, la vivienda pública “sigue sin materializarse”. “Esta forma de trabajar no resuelve los problemas, los alarga y los agrava”, sostuvo.
Ante esta situación, Carmen Hernández planteó dos soluciones principales: un cambio de Gobierno de Canarias que sitúe la vivienda como una prioridad y no como un negocio, y la designación de profesionales y expertos al frente del Icavi y de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) para garantizar una gestión eficaz de la vivienda pública en el Archipiélago.
