Categoría: Política

  • El PSOE denuncia que el Cabildo conocía situaciones incompatibles en la residencia Amavir Tías

    El Partido Socialista de Lanzarote afirmó que el Cabildo tenía conocimiento de la convivencia de perfiles no geriátricos en la residencia Amavir Tías sin medidas correctoras

    El PSOE de Lanzarote ha denunciado que el Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort, y con Marciano Acuña al frente del área de Bienestar Social, tenía conocimiento de una situación en la residencia Amavir Tías en la que convivían personas mayores con residentes que presentaban problemáticas ajenas al perfil de un centro geriátrico.

    Según ha señalado el partido, entre estos perfiles se encontrarían personas con adicciones y trastornos de salud mental, sin que conste la atención, supervisión o evaluación periódica por parte de los servicios correspondientes.

    La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Ariagona González, ha indicado que esta situación era conocida por la administración insular y que no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los mayores residentes.

    González ha señalado que “estamos hablando de personas mayores en situación de dependencia que merecen vivir en un entorno seguro, estable y adaptado a sus necesidades. No es admisible que el Cabildo conociera que en ese mismo espacio había residentes con problemáticas complejas, como adicciones o trastornos mentales, sin atención adecuada, y mirara hacia otro lado”.

    Según la denuncia, en el centro coexistían perfiles que requerían intervención específica fuera del ámbito de una residencia geriátrica ordinaria, una situación que habría sido detectada y que generaba preocupación en el funcionamiento del recurso.

    En este contexto, el PSOE apunta que incluso se habría planteado la posibilidad de apartar del centro a personas que incumplían reiteradamente las normas internas, entre ellas al menos un residente con problemas de adicción.

    La portavoz socialista ha afirmado que “lo más grave es que no estamos ante un problema sobrevenido ni ante una circunstancia desconocida. Oswaldo Betancort y Marciano Acuña no pueden alegar ignorancia, porque el Cabildo sabía que había perfiles incompatibles con la naturaleza de este recurso y sabía también que no estaban siendo atendidos desde los servicios correspondientes. Y, pese a ello, no actuó con la diligencia que exigía una situación así”.

    Ante esta situación, Ariagona González ha solicitado explicaciones al Cabildo sobre cuándo tuvo constancia de estos hechos, qué decisiones adoptó y por qué no se actuó para corregir la situación.

    Asimismo, ha concluido que “los mayores de Lanzarote y sus familias no merecen excusas ni silencios. Merecen una gestión responsable, vigilancia real sobre lo que ocurre en los centros y decisiones firmes cuando se detectan situaciones incompatibles con una atención digna”.

  • Lanzarote interviene el agua: el Cabildo da el paso definitivo ante el “desastre” del sistema

    La Asamblea del Consorcio aprueba la intervención del servicio y retoma la rescisión del contrato con Canal Gestión ante graves deficiencias

    La crisis del agua en Lanzarote ha dado un paso decisivo tras la celebración de la Asamblea del Consorcio, en la que se ha acordado retomar el proceso de rescisión del contrato con la concesionaria y activar la intervención del servicio como medida cautelar, una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión del ciclo integral del agua en la isla.

    El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, explicó que la Asamblea ha servido para reactivar un expediente iniciado en abril de 2025 y que había quedado suspendido temporalmente para analizar posibles alternativas. Ahora, tras cumplirse los plazos establecidos, se retoma el procedimiento con el respaldo de informes técnicos y jurídicos. “Los informes son aplastantes e incuestionables”, afirmó, justificando una decisión que considera obligada ante los incumplimientos detectados.

    Betancort detalló que, además de continuar con la rescisión, se ha aprobado el inicio del “secuestro” del servicio, lo que permitirá al Consorcio asumir la dirección del ciclo integral del agua mientras se resuelve el proceso administrativo. Esta medida busca garantizar la desalación, distribución y saneamiento ante una situación que calificó de “desastre”, recordando que el sistema arrastra graves problemas desde hace años, con pérdidas en la red y deficiencias estructurales.

    El presidente subrayó que la prioridad es dar respuesta a la ciudadanía y no a intereses políticos, advirtiendo incluso de las posibles consecuencias personales de la decisión. “Si esto me cuesta la presidencia, me iré con la cabeza alta”, señaló, insistiendo en que la mayor presión es la que ejercen los vecinos afectados por los cortes de agua y la falta de suministro.

    En esta misma línea, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, defendió el respaldo de varios ayuntamientos a las decisiones adoptadas, aunque denunció la falta de información durante todo el proceso. “Nos estamos enterando por la prensa de lo que se va a decidir”, criticó, reclamando mayor transparencia y la creación de una comisión de seguimiento que permita a los municipios conocer la situación real del servicio.

    Noda justificó el voto favorable señalando que la prioridad es actuar ante un problema que afecta directamente a la población. “Representamos a vecinos que están sufriendo cortes de agua cada vez peor”, afirmó, alertando además de que la situación podría derivar en conflictos judiciales y reclamaciones económicas.

    El alcalde también cuestionó los cambios de criterio en la gestión del agua en los últimos años, recordando anuncios de inversiones millonarias que no se han concretado y señalando que aún no se ha definido el modelo futuro de gestión, ya sea público, mixto o privado.

    Por su parte, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, insistió en la necesidad de coordinación institucional y en la obligación de priorizar el interés general frente a cualquier estrategia política. “Aquí no estamos haciendo política, estamos intentando buscar soluciones”, afirmó, destacando que los ayuntamientos representan a miles de vecinos afectados.

    Pérez subrayó que el objetivo es garantizar un servicio eficiente y transparente, reclamando acceso a la información y una mayor implicación del Cabildo en la comunicación con los municipios. Asimismo, defendió que el agua debe gestionarse pensando en la igualdad de todos los ciudadanos de la isla.

    La decisión adoptada abre ahora un nuevo escenario en la gestión del agua en Lanzarote. La concesionaria dispone de un plazo para presentar alegaciones, mientras el Consorcio avanza en la intervención del servicio con el objetivo de corregir las deficiencias y garantizar el suministro, en un proceso que podría prolongarse durante meses y cuyo resultado final aún está por definir.

  • Coalición Canaria solicita la revisión del Plan de Modernización de Puerto del Carmen por posibles irregularidades

    El portavoz de Coalición Canaria en Tías pidió la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el plan, al considerar que el expediente presenta deficiencias jurídicas y económicas

    El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, ha presentado escritos solicitando la revisión de oficio del acuerdo plenario aprobado el pasado 26 de marzo relativo al Tercer Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto del Carmen.

    Según ha indicado, la solicitud se fundamenta en la existencia de posibles irregularidades advertidas en los informes de Secretaría e Intervención municipal.

    Vizcaíno ha señalado que el documento fue aprobado “pese a un informe desfavorable del secretario que es clarísimo al señalar que corresponde informar desfavorablemente el expediente”, y ha añadido que “no se puede seguir adelante con un procedimiento cuando el propio expediente está incompleto, defectuoso y lleno de dudas sobre su legalidad”.

    El portavoz nacionalista ha apuntado que uno de los aspectos señalados es la inclusión de documentación que, según afirma, “no puede considerarse un informe válido, sino un borrador de informe del Gobierno de Canarias”.

    Asimismo, ha indicado que el informe de Secretaría recoge que “el expediente está incompleto” y que los convenios urbanísticos incluidos “carecen de la documentación preceptiva”, además de advertir de una “falta de fundamentación jurídica y motivación”.

    Desde Coalición Canaria consideran que estas deficiencias afectan a la validez del acuerdo adoptado por el pleno, al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico.

    En este sentido, Vizcaíno ha señalado que el informe advierte de que “serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”, recordando además que el anterior plan de modernización de Puerto del Carmen fue declarado nulo.

    El portavoz ha manifestado que “estamos ante un asunto muy serio. No se puede seguir adelante como si nada, porque hay un antecedente judicial muy claro y porque el propio informe de Secretaría advierte de riesgos de nulidad. El Ayuntamiento tiene la obligación de parar, revisar y corregir”.

    En relación con el informe de Intervención, Coalición Canaria ha señalado que se plantean dudas sobre la previsión presupuestaria necesaria para ejecutar el plan, así como sobre la justificación de determinadas cifras económicas.

    Según ha indicado Vizcaíno, estas cuestiones evidencian que “el proyecto se ha tramitado con más prisa que rigor, sin una base sólida ni jurídica ni financiera”.

    Además, ha mencionado dudas sobre la encomienda de gestión, la contratación del redactor y la posible utilización de contratos menores, señalando que el informe advierte que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir” el procedimiento de adjudicación.

    Vizcaíno ha concluido que “hay demasiadas preguntas sin responder. Hay dudas sobre la competencia, sobre la contratación, sobre la financiación y sobre la propia arquitectura jurídica del plan. Y cuando un expediente concentra tantas alertas, lo responsable es detenerse, no mirar hacia otro lado”.

    Coalición Canaria solicita la revisión del acuerdo, la depuración de posibles responsabilidades y la remisión del expediente a los órganos supramunicipales competentes.

  • Nueva Canarias critica la exclusión de la población saharaui del proceso de regularización estatal

    El bloque canarista anunció iniciativas institucionales para solicitar la modificación del decreto estatal de regularización tras la exclusión de personas saharauis en situación de apatridia

    El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, ha calificado como “inadmisible” la exclusión de la población saharaui solicitante del estatuto de apátrida del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

    Campos ha anunciado la presentación de iniciativas institucionales para forzar la “rectificación” del Ejecutivo estatal, al que ha recordado la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental.

    Desde la formación, se ha defendido el proceso de regularización de la población migrante residente en el Estado, especialmente en Canarias, al considerarlo una oportunidad para consolidar la situación de miles de personas. En este sentido, el dirigente ha señalado que “muchas de ellas se han visto obligadas a trabajar al margen del marco normativo, lo que ha mermado sus derechos”.

    Asimismo, ha indicado que este proceso también beneficia al conjunto de la sociedad al facilitar la incorporación de estas personas al mercado laboral y su contribución al sostenimiento de servicios públicos.

    Campos ha mostrado su “sorpresa mayúscula” al comprobar que el decreto deja fuera a las personas en situación de apatridia, colectivo en el que, según datos del Ministerio del Interior, más del 95% corresponde a población saharaui, con alrededor de 3.000 solicitudes en 2025.

    El dirigente ha señalado que esta exclusión afecta a un colectivo con vinculación histórica con España y cuya situación deriva de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, recordando además las dificultades administrativas existentes para el acceso de la población saharaui a la nacionalidad española.

    En este contexto, Campos ha rechazado los argumentos del Ejecutivo estatal, que aluden a la existencia de un procedimiento específico para personas apátridas, señalando que “la regularización extraordinaria busca precisamente dar respuesta a situaciones sin alternativa, y no es cierto que este colectivo disponga de una vía efectiva”, debido a la prolongación de estos procedimientos durante años.

    Además, ha cuestionado que esta decisión se produzca en un contexto político marcado por el cambio de posición del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental.

    El secretario general de NC-BC ha exigido la modificación del decreto para incluir a la población saharaui apátrida y ha anunciado que impulsará iniciativas institucionales para defender “el derecho de un pueblo hermano que lleva décadas privado de su territorio y de su Estado”.

    Finalmente, ha subrayado que “ese sufrimiento no puede verse agravado ahora por una exclusión injusta en un proceso que debería servir precisamente para reparar situaciones de vulnerabilidad”.

  • El PSOE de Lanzarote critica la negativa a crear una comisión de seguimiento del Consorcio del Agua

    El PSOE de Lanzarote critica la negativa a crear una comisión de seguimiento del Consorcio del Agua

    El grupo socialista ha denunciado la falta de información en la gestión del Consorcio del Agua tras el rechazo a una comisión político-técnica de seguimiento

    El PSOE de Lanzarote ha denunciado la negativa del presidente del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, a crear una comisión político-técnica de seguimiento tras la intervención del servicio, una medida que los socialistas consideran necesaria para garantizar la transparencia, el control y la coordinación institucional.

    Desde el partido han señalado que esta decisión se produce en un momento relevante para el futuro del abastecimiento en Lanzarote y La Graciosa, tras años de deterioro del servicio. En este contexto, los alcaldes socialistas han mostrado su preocupación ante la ausencia de un órgano de seguimiento estable.

    La secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha afirmado que “estamos ante una de las decisiones más importantes que se han adoptado en materia de agua en Lanzarote en décadas, y lo que hace Oswaldo Betancort es volver a actuar desde la opacidad, negando información y bloqueando cualquier mecanismo de control”.

    Corujo ha subrayado que la situación es especialmente relevante porque, según indica, “continúa empeñado en seguir ocultando información no a terceros, sino a las propias administraciones que forman parte del ente y que, por tanto, deben participar en la toma de decisiones y en su seguimiento”.

    Asimismo, ha señalado que “es incomprensible que, en un asunto de esta magnitud, se esté negando información a las administraciones consorciadas. El Consorcio no es de una sola administración, es de todas las instituciones que lo integran, y lo mínimo exigible es transparencia y lealtad institucional”.

    Desde el PSOE recuerdan que los ayuntamientos son quienes atienden directamente a la ciudadanía ante los problemas de abastecimiento, por lo que consideran relevante su participación en el seguimiento de las decisiones.

    La propuesta de comisión planteaba la celebración de reuniones mensuales, acceso a la información y coordinación entre administraciones para evaluar el desarrollo de la intervención del servicio. Sin embargo, según indican, la iniciativa fue rechazada.

    En este sentido, Corujo ha señalado que “después de casi tres años de bandazos, de anuncios que no se cumplen y de una degradación evidente del servicio, lo mínimo que se puede exigir es control, información y seguimiento. Y eso es precisamente lo que se ha rechazado”.

    Ante esta situación, ha avanzado que “los alcaldes socialistas solicitarán la convocatoria de cuantas asambleas del Consorcio sean necesarias, a través del procedimiento previsto en los estatutos, tras haber sido rechazada su petición de convocar una sesión ordinaria”.

    Además, ha añadido que “no vamos a permitir que se vacíe de contenido el papel de los ayuntamientos ni que se nos aparte de una decisión que afecta directamente a nuestros municipios. Si se nos niega la vía ordinaria, utilizaremos los mecanismos que establecen los estatutos”.

    Corujo ha advertido que la intervención del servicio del agua supone un punto de inflexión para la isla y ha señalado que “Lanzarote se juega su futuro en cómo se gestione este proceso. No es una cuestión menor ni técnica: es una decisión estructural que afecta al bienestar de la ciudadanía, al desarrollo económico y a la sostenibilidad de la isla”.

    Finalmente, ha concluido que “no permitiremos que esta etapa se gestione desde la opacidad ni sin control institucional”.

  • El PSOE de Lanzarote activa un servicio de asesoramiento para el proceso de regularización de personas migrantes

    El PSOE de Lanzarote activa un servicio de asesoramiento para el proceso de regularización de personas migrantes

    La iniciativa busca informar y acompañar a personas de origen extranjero durante el proceso impulsado por el Gobierno de España

    El PSOE de Lanzarote ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento y acompañamiento dirigido a informar y orientar a personas de origen extranjero ante el proceso de regularización promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

    El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a la información, resolver dudas y ofrecer apoyo a las personas que puedan acogerse a este proceso extraordinario.

    La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha señalado que esta medida responde a una convicción política y ética clara: “frente al odio, el señalamiento y la deshumanización que alimenta la extrema derecha, el PSOE se coloca, una vez más, en el lado correcto de la historia: el de la dignidad, el de los derechos humanos y el de la justicia”.

    Corujo ha defendido que “ninguna sociedad puede avanzar desde el rechazo al diferente ni desde la criminalización de quien solo busca una oportunidad para vivir y trabajar con dignidad. Regularizar es ordenar, proteger derechos, combatir la explotación laboral y fortalecer la convivencia”.

    En este sentido, ha explicado que el nuevo servicio nace para ofrecer cercanía, seguridad y respaldo: “queremos que nadie se quede atrás por falta de información o por miedo. Hay muchas personas que llevan años viviendo entre nosotros, trabajando, aportando y formando parte de esta tierra, y merecen que la política esté a la altura”.

    Asimismo, la dirigente ha insistido en que Lanzarote no puede quedar al margen de este debate: “cuando algunos pretenden sembrar odio y enfrentar a unos con otros, nosotros respondemos con humanidad, con responsabilidad y con política útil. Defender los derechos de las personas migrantes no es solo una cuestión legal o administrativa; es una cuestión de principios”.

    El servicio se prestará de lunes a viernes, en horario de 18:00 a 21:00 horas, en la Casa del Pueblo, situada en la calle Doctor Juan Negrín, 158, frente a los cuarteles, con el objetivo de acompañar de forma práctica y accesible a las personas interesadas.

  • Cristina Duque carga contra el Ayuntamiento de Arrecife: “Se gastan millones en eventos mientras los barrios están abandonados”

    La concejala del PSOE en el municipio capitalino denuncia un gasto de más de 1,5 millones en carnavales frente a la falta de inversión en barrios

    Cristina Duque, concejala del Partido Socialista en Arrecife, ha cargado duramente contra la gestión del grupo de gobierno municipal (PP–Coalición Canaria), al que acusa de priorizar el gasto en eventos frente a las necesidades básicas de la ciudad. Durante la entrevista realizada este jueves junto a Paco Robayna en Radio Faycán Lanzarote, Duque cifró en más de 1,5 millones de euros el coste de los últimos carnavales, que calificó como “los peores que se recuerdan”.

    Según explicó, el cálculo proviene de la suma de contratos menores y mayores relacionados con las fiestas, criticando además la “improvisación y falta de planificación” del gobierno local. “No estamos en contra del ocio y la cultura, pero sí de que se gasten millones mientras los barrios están abandonados”, afirmó Duque.

    Uno de los ejemplos realizados por la concejala socialista fue el del barrio de Argana Alta, donde, según denunció, el presupuesto municipal apenas destina unos 47.000 euros, una cifra que considera “insuficiente incluso para redactar proyectos”. La edil describió un barrio con calles deterioradas, aceras intransitables y carencias en accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida.

    Duque también acusó al alcalde, Yonathan de León, de “falta de gestión y proyecto de ciudad”, asegurando que muchas de las obras que el gobierno actual presenta como propias proceden de legislaturas anteriores. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Arrecife ha tenido que devolver 10 millones de euros al Cabildo por no ejecutar proyectos previstos, lo que considera una “oportunidad perdida” para mejorar infraestructuras.

    En materia social, Duque denunció la falta de ejecución de ayudas al alquiler en 2025, asegurando que no se tramitó ninguna por ausencia de bases reguladoras. También cuestionó la escasa inversión en vivienda pública y defendió que las promociones actuales son fruto de proyectos impulsados en anteriores gobiernos autonómicos liderados por el PSOE.

    La edil concluyó alertando de un deterioro general de los servicios públicos, mencionando problemas de limpieza, seguridad y mantenimiento urbano, y acusó al gobierno local de “vivir de la propaganda mientras la ciudad se deteriora”.

  • El PSOE denuncia el colapso de tráfico en Timanfaya y exige activar el plan de guaguas lanzadera

    Los socialistas alertan de una situación reiterada y reclaman al Cabildo medidas urgentes para regular el acceso al parque

    El PSOE de Lanzarote ha denunciado una nueva situación de colapso circulatorio en el Parque Nacional de Timanfaya, con largas colas de vehículos y problemas en los accesos.

    Los socialistas aseguran que se trata de una situación reiterada que requiere medidas urgentes de gestión

    Según señalan, la Guardia Civil, a través del SEPRONA, ha tenido que intervenir en varias ocasiones para garantizar el cumplimiento de la normativa, limitando el número de vehículos estacionados a un máximo de 90.

    El consejero socialista y exresponsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo, afirmó que “lo que está ocurriendo en Timanfaya no es casualidad, es la consecuencia directa de la inacción y la falta de gestión del actual gobierno de Oswaldo Betancort”.

    El SEPRONA está teniendo que hacer el trabajo que le corresponde al Cabildo. No puede ser que, una y otra vez, tengamos imágenes de colas interminables, coches invadiendo espacios protegidos y una total ausencia de control. Es una irresponsabilidad absoluta”, denunció.

    El PSOE recuerda que durante la pasada legislatura dejó diseñado un plan para regular el acceso al parque, que incluía la habilitación de aparcamientos en Tinajo y Yaiza, así como la implantación de un sistema de guaguas lanzadera.

    Ese plan está hecho, está trabajado y está listo para ponerse en marcha. Lo que falta es voluntad política”, añadió Perdomo.

    La formación advierte de que la situación afecta tanto a la conservación del entorno como a la imagen turística de la isla

    Desde el PSOE consideran que el actual escenario perjudica la sostenibilidad del parque y genera molestias tanto a residentes como a visitantes. “Timanfaya no puede seguir siendo sinónimo de colapso”, señalan.

    Por ello, exigen al grupo de gobierno del Cabildo, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, la activación inmediata de este plan de movilidad para garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar la experiencia de los visitantes.

    Lo que está en juego es la sostenibilidad y la credibilidad de Lanzarote como isla que presume de proteger su territorio”, concluyen.

  • NC-BC propone reforzar el autogobierno de La Graciosa con una concejalía específica en Teguise

    La iniciativa plantea una gestión diferenciada para atender la singularidad de la octava isla habitada

    El Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) defendió en el pleno del Ayuntamiento de Teguise una propuesta para reforzar el autogobierno de La Graciosa, mediante la recuperación de la figura del concejal delegado y la creación de una concejalía específica.

    La propuesta busca una gestión diferenciada que atienda la singularidad y la triple insularidad de La Graciosa

    La iniciativa planteaba establecer mecanismos de gestión desconcentrada que permitan acercar la administración a la ciudadanía y mejorar la respuesta a las necesidades del territorio.

    El concejal de NC-BC en Teguise, Fernando Jiménez, subrayó que “La Graciosa necesita una atención directa, permanente y adaptada a su realidad”, defendiendo que esta figura permitiría una gestión más cercana.

    Por su parte, la secretaria local de la formación, Belén Machín, insistió en que “La Graciosa cuenta con un reconocimiento institucional que debe traducirse en herramientas reales de autogobierno”, añadiendo que “lo mismo que demandamos para Canarias con respecto al territorio peninsular o para las islas no capitalinas como Lanzarote respecto a las islas capitalinas, es lo que exigimos para La Graciosa, que se tenga en cuenta su singularidad y su triple insularidad”.

    NC-BC recordó que en 2021 el pleno municipal ya aprobó solicitar al Estado la posibilidad de dotar de personalidad jurídica propia a entidades locales menores, paso considerado clave para avanzar en la descentralización.

    La propuesta no salió adelante tras el rechazo del grupo de gobierno municipal

    Desde la formación lamentan que esta iniciativa haya quedado paralizada y critican la falta de avances en una solución estructural para la isla.

    A pesar de ello, NC-BC asegura que continuará impulsando medidas orientadas a lograr una gestión más cercana y adaptada a la realidad de La Graciosa.

  • NC-BC denuncia una “interpretación tergiversada” del Gobierno canario sobre los fondos europeos

    NC-BC denuncia una “interpretación tergiversada” del Gobierno canario sobre los fondos europeos

    Esther González advierte de que las devoluciones podrían alcanzar los 500 millones frente a los 150 millones reconocidos oficialmente

    Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha criticado la gestión y la información ofrecida por el Gobierno de Canarias sobre la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

    La formación advierte de que las cifras oficiales “ocultan” devoluciones que podrían llegar a los 500 millones de euros

    La portavoz económica del grupo en el Parlamento de Canarias, Esther González, denunció una “interpretación tergiversada” por parte del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, tras analizar la respuesta oficial remitida a su grupo.

    Según los datos trasladados por el Gobierno, Canarias ha recibido 1.727 millones de euros, de los que se han declarado ejecutados 944,38 millones, con devoluciones ya realizadas por valor de 54,7 millones de euros. Además, se prevé ejecutar otros 578 millones en 2026 y reintegrar 149,9 millones de euros antes del 31 de agosto.

    Sin embargo, González cuestionó estas cifras, afirmando que “está todo tergiversado y la única verdad es que Canarias recibió 1.727 millones de euros y que ya se han devuelto 54,7 millones de euros hasta 2025”.

    La diputada asegura que el Gobierno mezcla los conceptos de ejecución y justificación, distorsionando la realidad

    En este sentido, explicó que los fondos ejecutados no implican necesariamente que estén correctamente justificados, que es el requisito exigido por la Unión Europea.

    Asimismo, advirtió de que muchas de las subvenciones aún no han sido justificadas o corresponden a proyectos sin finalizar, lo que podría derivar en nuevas devoluciones.

    González también puso en duda las previsiones del Ejecutivo para 2026, calificando de “irreal” la ejecución prevista de más de 578 millones de euros en un plazo reducido.

    “Ya han reconocido más de 200 millones de euros reintegrados, pero la realidad es que podrían ser en torno a 500 millones de euros que se tendrán que devolver”, concluyó la diputada.