Canarias debate, en este momento, una nueva ley sobre la autoridad docente. Impulsada por los partidos políticos que sostienen al actual Gobierno -CC, PP, ASG, AHI-. Soy de las que creo que la educación no debe estar sujeta a los vaivenes políticos, y mucho menos de forma partidaria, ni ser un instrumento para adoctrinar. Por eso es especialmente importante que cualquier norma que afecte a la educación, a la vida escolar, parta de un amplio consenso social, educativo y político. El camino de esta ley ha comenzado torcido al no contar con esta participación de la comunidad educativa, ni de su máximo órgano, el Consejo Escolar de Canarias (CEC) ni de aquellos a los que, según dice el texto, que quieren proteger: el profesorado.
Por eso hemos reivindicado, en el trámite parlamentario, antes de su aprobación definitiva, la necesidad de escuchar a la comunidad educativa. Representantes del profesorado canario, de las familias, asociaciones de alumnos y alumnas y la opinión de los diferentes sectores representados en el CEC.
El consejero de Educación, en declaraciones públicas, decía que esta ley de autoridad docente viene a respaldar y a proteger al profesorado. Sin embargo, los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias y del Consejo Escolar de Canarias introducen un elemento que obliga a situar la discusión en términos más serenos y rigurosos: la ley no aporta novedades jurídicas sustanciales.
Ambos órganos recuerdan que el ordenamiento vigente ya reconoce al profesorado el principio de veracidad en el ejercicio de sus funciones, así como el derecho a la asistencia jurídica y psicológica. Además, el propio Decreto canario de convivencia escolar contempla mecanismos de protección, protocolos de actuación ante conflictos y respaldo institucional. Es decir, desde el punto de vista estrictamente legal, el reconocimiento formal de la autoridad docente ya existe. Por tanto, estamos ante una norma simbólica, repetitiva y declarativa, sin ningún efecto real, salvo que la modifiquemos en el trámite parlamentario.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué añade realmente esta nueva norma?
Si la ley no modifica el marco jurídico de manera significativa, su valor parece situarse más en el terreno simbólico y político que en el estrictamente normativo. Y aquí es donde el debate debe ser especialmente cuidadoso. Porque cuando se legisla sobre educación, no basta con enviar mensajes. Es necesario transformar realidades.
El profesorado canario merece respaldo. Nadie discute eso. La complejidad creciente de las aulas, la diversidad de necesidades educativas, el aumento de problemas de salud mental en edades tempranas y la sobrecarga burocrática generan un desgaste evidente. Pero si el diagnóstico es estructural, la respuesta no puede limitarse a una reafirmación declarativa de autoridad.
El Consejo Escolar de Canarias ha sido claro: la mejora de la convivencia escolar depende de múltiples factores. Ratios adecuadas, estabilidad de plantillas, refuerzo de equipos de orientación, formación en convivencia y mediación, donde la coordinación con servicios sociales y el apoyo psicológico es fundamental. Sin estas medidas, cualquier ley corre el riesgo de convertirse en papel mojado que no altera el día a día de los centros.
Desde una perspectiva democrática e inclusiva además, conviene evitar debates que puedan interpretarse como una contraposición entre profesorado y alumnado. La convivencia no se construye reforzando trincheras, sino fortaleciendo la comunidad educativa. La autoridad pedagógica no nace del Boletín Oficial del Estado (BOE) ni del Boletín Oficial de Canarias (BOC), nace del reconocimiento social, del vínculo educativo y de la coherencia profesional.
El término autoridad proviene de auctoritas: poder moral y prestigio socialmente reconocido. Esa es la clave. La autoridad docente no es poder sobre el alumnado, sino responsabilidad para acompañar su desarrollo. No es imponer silencio; es generar condiciones positivas hacia el aprendizaje. Y ese tipo de autoridad se fortalece con condiciones laborales dignas, tiempo para la coordinación, apoyo institucional real y reconocimiento social efectivo.
Si ya existe el principio de veracidad y la asistencia jurídica está garantizada, quizás el verdadero debate no sea jurídico, sino político y presupuestario. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en prevención de conflictos? ¿Estamos reforzando la atención a la diversidad? ¿Estamos apoyando emocionalmente a nuestros docentes? ¿Estamos escuchando a los equipos directivos cuando alertan de la falta de recursos?
La escuela canaria enfrenta desafíos profundos, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Allí, el profesorado no solo enseña contenidos, sino que es un verdadero sostén de la comunidad. Y esa labor no se protege únicamente con declaraciones, sino con políticas públicas integrales y con inversión.
Desde una perspectiva inclusiva, es fundamental que la ley no genere desconfianza hacia el alumnado ni refuerce una visión estigmatizadora de la infancia y de la juventud. La inmensa mayoría de estudiantes convive con respeto y desea aprender en un entorno seguro. Las medidas deben centrarse en proteger derechos y fortalecer vínculos, no en crear climas de confrontación. Se trata de prevenir conflictos, de dotar a los centros y a las familias de herramientas y medios para gestionar el conflicto y favorecer una convivencia desde una escuela que educa en valores democráticos.
La autoridad docente es importante. Pero más importante aún es que esa autoridad esté respaldada por hechos, recursos y coherencia institucional. Si la nueva ley sirve para abrir un debate serio sobre cómo mejorar la convivencia y dignificar la profesión docente, será positiva. Si se queda en una reafirmación simbólica de algo que ya estaba reconocido, su impacto será nulo y solo generará frustración en profesorado y familias.
Escuchamos decir al presidente Clavijo en el Debate de la Nacionalidad Canaria, que cumplir la Ley Canaria de Educación e invertir el 5% de nuestra riqueza, suponía “deprimir” la economía canaria. Resulta muy preocupante y una evidente miopía política pensar que invertir en educación es malo para la economía. Es justamente lo contrario. Invertir en educación no solo es fundamental para el desarrollo individual, sino que, como sociedad, es una apuesta estratégica, es la única garantía del avance y desarrollo de los pueblos del mundo.
Sin recursos, sin inversión, la mejora educativa es pura propaganda. Canarias necesita menos gestos y más compromiso verdadero con su educación pública. Porque la convivencia escolar no se decreta: se construye cada día en las aulas, con apoyo real, con participación y con una visión democrática que entienda que educar es, ante todo, acompañar, contribuir al camino hacia la vida adulta.
Carmen Hernández, portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en materia educativa y vicesecretaria general nacional.