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La secretaria local Belén Machín advierte del coste económico y del deterioro de las zonas verdes tras la resolución que tumba el expediente municipal

El Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) en Teguise ha mostrado su profunda preocupación tras la Resolución REMC 322/2025, de 6 de febrero de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que declara la nulidad de los pliegos del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines del municipio.

El procedimiento anulado (Expediente 20539/2024) contemplaba un valor estimado de 8.883.933,34 euros para un periodo de cuatro años, con dos posibles prórrogas, y un presupuesto base de licitación de 3.896.448,23 euros (IGIC incluido). La resolución obliga ahora a reiniciar el procedimiento desde cero.

El Tribunal aprecia incumplimientos sustanciales de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellos la falta de justificación adecuada de los criterios de adjudicación, la configuración irregular de un criterio social sin acreditación suficiente de su vinculación al objeto del contrato y la ausencia de concreción en el régimen de penalidades ante posibles incumplimientos. Aspectos que, según el fallo, no son meros formalismos, sino garantías básicas de transparencia, seguridad jurídica y correcto uso de los recursos públicos, cuya ausencia puede generar indefensión a las empresas licitadoras.

Para la secretaria local de NC-bc en Teguise, Belén Machín, “la contratación pública debe incorporar cláusulas sociales y medioambientales, pero siempre correctamente fundamentadas y ajustadas a la legalidad. Cuando esto falla, los procedimientos se anulan y el interés general se ve perjudicado”.

Machín advierte además de que la paralización del contrato retrasa un servicio esencial para la calidad de vida, la imagen de los pueblos y el cuidado de los espacios públicos. “Los jardines y zonas verdes no pueden seguir esperando mientras se corrigen errores administrativos. Llevan más de dos años y medio pendientes de una solución efectiva por parte del grupo de gobierno de CC, PP y el exconcejal de VOX”, señala.

Desde NC-bc subrayan que la anulación no solo supone un revés jurídico, sino también un impacto económico directo estimado entre 223.000 y 237.000 euros, derivado de la nueva tramitación, asesoramiento externo, publicidad oficial y la paralización del servicio. A ello se suman daños indirectos, como el deterioro progresivo de las zonas verdes, la incertidumbre laboral de los trabajadores afectados por la subrogación, la pérdida de oportunidades de empleo y el riesgo de menor concurrencia empresarial en futuras licitaciones por inseguridad jurídica.

Ante este escenario, Belén Machín propone activar de forma inmediata un contrato menor de emergencia para garantizar el mantenimiento básico de las zonas verdes más sensibles; constituir una Mesa de Seguimiento de Contratación con participación de gobierno, oposición y técnicos municipales; redactar nuevos pliegos con máximo rigor técnico y jurídico, con criterios y penalidades debidamente motivados; y reforzar la formación en contratación pública estratégica y el asesoramiento jurídico especializado en contratos de alta cuantía.

“Estamos ante una oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio”, concluye Machín. “Teguise merece una gestión responsable, transparente y profesional, a la altura de lo que demanda su ciudadanía”.