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  • Natalia Santana lleva al Parlamento una iniciativa para reforzar la salud mental de la juventud canaria

    La diputada de NC-BC propone medidas de prevención, acompañamiento emocional y financiación estable para todas las islas

    La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Natalia Santana, defenderá en el pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa para reforzar las políticas públicas destinadas a la salud mental y el bienestar emocional de la juventud canaria.

    La propuesta plantea la aprobación de medidas de prevención, acompañamiento y financiación estable para hacer frente al aumento de los problemas de salud mental, las adicciones y la soledad no deseada entre la población joven.

    Santana advierte de que esta realidad “ya no puede considerarse secundaria”, sino un desafío social de primer orden que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el futuro del Archipiélago.

    Preocupación por el aumento de problemas de salud mental

    Según expone la diputada, cerca del 60% de la juventud ha sufrido problemas relacionados con la salud mental, el doble que antes de la pandemia del coronavirus, mientras que un 13% reconoce haber tenido pensamientos suicidas.

    Santana también señala que Canarias se encuentra entre las comunidades con mayor tasa de suicidios del Estado, con 12 fallecidos por cada 100.000 habitantes, y alerta del aumento del acoso escolar, las autolesiones, la ideación suicida y las problemáticas vinculadas al uso inadecuado de la tecnología y las redes sociales.

    A esta situación se suman las adicciones comportamentales, como el juego, las compras compulsivas o el uso excesivo de internet, así como la soledad no deseada que afecta de forma habitual a una parte importante de la juventud.

    Prevención, acompañamiento y espacios seguros

    La diputada de NC-BC sostiene que muchos jóvenes no llegan a los recursos existentes o lo hacen demasiado tarde por miedo, estigmatización, falta de información, dificultades económicas o desigualdades territoriales.

    Por ello, defiende que no basta con reforzar los servicios especializados, sino que es necesario actuar desde la prevención, el acompañamiento temprano y la creación de espacios seguros adaptados a la realidad juvenil.

    La iniciativa insta al Gobierno de Canarias a impulsar, desde el área de Juventud, una herramienta específica de orientación, prevención y acompañamiento emocional con supervisión profesional especializada, complementaria a los recursos ya existentes.

    Financiación estable para cabildos y campañas contra el estigma

    La proposición no de ley reclama además financiación estable para los cabildos insulares, con el objetivo de desarrollar programas de prevención y acompañamiento en todas las islas.

    Entre las medidas planteadas se incluyen acciones de alfabetización emocional, uso responsable de la tecnología y creación de espacios seguros, tanto presenciales como digitales.

    Santana también propone campañas específicas para combatir el estigma asociado a la salud mental y eliminar barreras económicas, territoriales e informativas que dificultan el acceso temprano al apoyo psicológico y emocional.

    La iniciativa solicita la coordinación de todas las administraciones públicas implicadas y plantea que el Ejecutivo canario informe al Parlamento, en un plazo máximo de 12 meses, sobre el grado de ejecución, desarrollo presupuestario y resultados iniciales de las medidas adoptadas.

  • ADISLAN niega las acusaciones de insalubridad y exige rectificación a la diputada Natalia Santana

    La entidad rechaza “de forma rotunda” las denuncias públicas y defiende el cumplimiento de la normativa y la calidad del servicio

    La entidad ADISLAN ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza “de forma expresa, rotunda y categórica” las acusaciones realizadas por la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, en relación con el funcionamiento de sus centros.

    Desde la organización aseguran que las afirmaciones sobre supuestas condiciones de insalubridad, presencia de plagas o deficiencias alimentarias “son absolutamente falsas”, negando cualquier riesgo para la salud de las personas usuarias.

    Asimismo, ADISLAN sostiene que las imágenes difundidas públicamente “no se corresponden con ninguna situación real vivida en los centros”, calificándolas como un elemento de desinformación que distorsiona la realidad del servicio.

    La entidad subraya que cumple con la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y atención sociosanitaria, estando sometida a mecanismos de control e inspección por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.

    En su comunicado, ADISLAN considera especialmente grave el impacto de estas declaraciones sobre sus profesionales, señalando que “suponen un cuestionamiento injustificado del trabajo, la ética y el compromiso” del personal.

    También advierte del perjuicio generado a las familias de las personas usuarias, indicando que la difusión de informaciones no contrastadas provoca “alarma innecesaria, angustia y desconfianza”.

    En relación con las acusaciones sobre despidos vinculados a la acción sindical, la entidad afirma que “en ningún caso responden a represalias ni a vulneración de derechos fundamentales”, sino a comportamientos contrarios a los valores de la organización.

    ADISLAN ha mostrado además su rechazo al tono empleado en las declaraciones públicas, que considera impropio del rigor institucional, y advierte del impacto que este tipo de manifestaciones puede tener en la percepción social.

    Por todo ello, la entidad ha exigido una rectificación pública y ha anunciado que se reserva el ejercicio de acciones legales para la defensa de su honor, prestigio y la labor de sus profesionales.

    Finalmente, ADISLAN ha reiterado su compromiso con la transparencia y su disposición a colaborar con las administraciones públicas.

  • NC-BC denuncia graves deficiencias en ADISLAN y exige una actuación urgente del Gobierno de Canarias

    La diputada Natalia Santana alerta de problemas de salubridad, falta de alimentación y déficit de personal en el centro de atención a la discapacidad en Lanzarote

    Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reclamado una actuación inmediata del Gobierno de Canarias ante la situación que califica de extrema gravedad en el centro de atención a la discapacidad ADISLAN, en Lanzarote.

    La diputada Natalia Santana ha denunciado en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, ante la consejera María Candelaria Delgado, el deterioro de las condiciones en algunos servicios del centro, especialmente en el Hogar Funcional, donde se han detectado problemas graves de salubridad.

    Según expuso, las instalaciones presentan falta de limpieza y presencia de plagas de chinches y ratas, lo que compromete directamente la salud de las personas usuarias. A esta situación se suma que la alimentación sería insuficiente, afectando incluso a personas que necesitan medicación y no reciben la ingesta adecuada. “Estamos hablando de un servicio esencial que atiende a personas en situación de vulnerabilidad, y lo que estamos viendo es absolutamente inaceptable”, afirmó.

    Santana señaló como responsable político al consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, recordando que ADISLAN forma parte del convenio social insular y está financiado con fondos públicos, lo que implica una supervisión rigurosa que, según denuncia, no se está produciendo. Asimismo, solicitó la organización de una visita al centro para comprobar la situación sobre el terreno.

    La formación también trasladó su apoyo a la plantilla, destacando el “esfuerzo sobrehumano” del personal, que trabaja en condiciones difíciles. Denuncian además falta de personal, lo que obliga a asumir funciones para las que no están preparados, afectando a la calidad del servicio.

    A ello se suma el estado de las infraestructuras, que según NC-BC no están adaptadas, llegando a registrarse temperaturas superiores a los 40 grados en verano, lo que afecta directamente al bienestar de usuarios y trabajadores.

    Asimismo, la diputada denunció presuntas represalias por parte de la gerencia del centro, incluyendo limitaciones a la libertad sindical y el despido de una trabajadora que iba a presentarse como delegada sindical.

    NC-BC exige una investigación urgente, la adopción de medidas correctoras y la depuración de responsabilidades, subrayando que “no se puede permitir que un servicio financiado con dinero público funcione en estas condiciones ni que se vulneren derechos laborales básicos”.