Esther González acusa al Gobierno canario de priorizar los intereses de las patronales turísticas frente a las familias con viviendas en zonas turísticas
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González, ha exigido al Gobierno de Canarias que defienda los derechos de miles de propietarios afectados por el actual modelo de unidad de explotación turística.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento, la diputada de NC-BC acusó al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular de priorizar los intereses de las patronales turísticas mientras muchas familias mantienen limitado el uso de sus viviendas situadas en zonas turísticas.
González preguntó a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, si el Gobierno tiene previsto derogar el principio de unidad de explotación tal y como está concebido actualmente, en el marco del futuro anteproyecto de ley de ordenación turística.
Críticas al modelo actual
La diputada nacionalista calificó el actual sistema como un “invento” nacido en Canarias con la ley de 1995 y sostuvo que, desde entonces, ha limitado a miles de familias el uso libre de sus apartamentos y viviendas.
Según González, muchos propietarios se ven condicionados a ceder sus inmuebles a explotadores turísticos o se enfrentan incluso a posibles sanciones si no lo hacen.
“No nos engañemos, si hay algo que funciona con eficacia milimétrica en Canarias es la velocidad con que Coalición Canaria y el Partido Popular reaccionan cuando las patronales turísticas levantan la ceja”, criticó la parlamentaria.
Reclama una reforma profunda
Esther González recordó que, según expuso en el Parlamento, la Comisión Europea advirtió en 2005 de que el principio de unidad de explotación vulneraba la normativa europea y exigía su eliminación en un plazo de dos meses.
La diputada señaló que han pasado 21 años desde aquellas advertencias sin que los sucesivos gobiernos hayan abordado una reforma profunda del modelo.
Para NC-BC, los propietarios de apartamentos llevan más de tres décadas sufriendo las consecuencias de una normativa que, a juicio de González, favorece a grandes intereses turísticos frente a familias propietarias.
La parlamentaria reclamó al Gobierno canario que no siga gobernando para quienes consideran que las zonas turísticas son “un coto privado de negocio” y pidió claridad sobre el futuro de la unidad de explotación en la nueva normativa turística.
