Coalición Canaria sostiene que la sentencia acredita el cobro indebido de dinero público y pide responsabilidades políticas
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por Juan Manuel Sosa Rodríguez, confirmando la nulidad de su situación administrativa y la obligación de devolver las retribuciones públicas percibidas indebidamente.
Según recoge la sentencia, Sosa continuó percibiendo ingresos públicos sin cumplir los requisitos legales exigidos, calificando su situación como “radicalmente nula”.
El fallo judicial señala que era el propio interesado quien tenía conocimiento de la irregularidad, indicando que “se encontraba en mejor posición para conocer y corregir la irregularidad”, al ser consciente desde diciembre de 2019 de que había perdido la condición de portavoz.
Asimismo, el tribunal subraya que “la cuestión no es desde cuándo lo sabía la Administración, sino desde cuándo lo sabía el propio interesado”, apuntando a la responsabilidad directa del afectado.
La sentencia también recoge que Sosa “ocultó —de forma dolosa o negligente— que previamente había renunciado al cargo de portavoz”, concluyendo que la responsabilidad principal recae en él.
En relación con las cantidades percibidas, el TSJC establece que deberán ser reclamadas al propio Sosa, al ser quien recibió los fondos.
Tras conocerse el fallo, el secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro San Ginés, afirmó que “la Justicia certifica que se sostuvo una mayoría política sobre una situación ilegal de cobro de dinero público”, y vinculó esta situación a la etapa de gobierno presidida por María Dolores Corujo.
Coalición Canaria considera que la sentencia evidencia una situación de gravedad política y exige que se depuren responsabilidades.
