La Asamblea desestima los recursos de la concesionaria, exige el reintegro de 1,5 millones y avala la hoja de ruta ante una eventual cesión del servicio
El Consorcio del Agua de Lanzarote ha continuado este jueves el procedimiento administrativo para finalizar la relación contractual con Canal Gestión Lanzarote, aprobando por mayoría en Asamblea General los acuerdos necesarios para reforzar la posición jurídica de la institución y proteger el interés público ante una eventual cesión del servicio a un tercero.
“Ya sea para la cesión o para la resolución del contrato de concesión del servicio del agua es necesario seguir una hoja de ruta, culminar expedientes para no llegar con dudas y debilidades a ninguno de los escenarios. Aprobar en la asamblea la desestimación de los dos recursos presentados por Canal Gestión son pasos imprescindibles para dejar las cuentas claras”, señaló el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.
Desestimación de recursos y reintegro económico
La Asamblea desestimó el recurso de reposición interpuesto por Canal Gestión, avalando así el requerimiento para que la concesionaria reintegre 1,5 millones de euros abonados indebidamente durante la pasada legislatura, a cuenta de una actualización de tarifas que posteriormente fue rechazada por la Comisión de Precios de Canarias.
Este acuerdo, incluido en el orden del día de la primera sesión extraordinaria celebrada en la sede del Cabildo de Lanzarote, consolida el procedimiento de control y fiscalización del contrato concesional.
Asimismo, la Asamblea aprobó por unanimidad la desestimación de un segundo recurso presentado por Canal Gestión contra el acuerdo del 17 de diciembre de 2025, relativo a las inversiones realizadas con cargo al contrato. En este punto, el informe técnico del Consorcio concluye que existe una infrainversión superior a los 21 millones de euros sobre los 54 millones comprometidos por la concesionaria.
El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, subrayó que “una eventual cesión de la gestión del agua no es una convalidación de incumplimientos” y añadió que “los pasos que estamos dando solo persiguen defender el dinero público y afrontar cualquier nueva fórmula de gestión partiendo de las condiciones establecidas por los propietarios del agua, que somos todos”.
Propuesta de actualización de tarifas
En la misma sesión, la Asamblea dio luz verde a la propuesta inicial de actualización de tarifas del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa para el ejercicio 2025, que deberá ser remitida a la Comisión de Precios de Canarias para su autorización legal previa.
La propuesta, aprobada con los votos en contra de los ayuntamientos de Ayuntamiento de Tías, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Haría y Ayuntamiento de Yaiza, se apoya en un estudio económico independiente que fija una actualización media del 15,06% para adecuar los ingresos al coste real del servicio.
Entre las principales modificaciones planteadas:
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El primer bloque doméstico (0-10 m³) pasaría de 0,60 a 0,69 €/m³, lo que supondría 90 céntimos más en la factura.
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El tramo de 11 a 30 m³, de 1,03 a 1,19 €/m³.
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El de 31 a 40 m³, de 1,75 a 2,01 €/m³.
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El consumo superior a 40 m³, de 3,69 a 4,25 €/m³.
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En uso industrial y turístico, la tarifa se actualizaría de 2,91 a 3,35 €/m³, aplicándose el mismo porcentaje medio al resto de categorías.
Cesión del contrato y estudios presentados
La Asamblea también tomó en consideración los escritos presentados por Gestagua y Canaragua, solicitando su personación como interesados en el expediente de resolución y, en su caso, en el eventual procedimiento de cesión.
En la Asamblea Extraordinaria, solicitada por los alcaldes, se dio cuenta además del Estudio Técnico Económico de Explotación de la UTE Sacyr-Aqualia, presentado por Canal Gestión tras solicitar autorización para iniciar los trámites de cesión del contrato.
Oswaldo Betancort aclaró que “hoy en día no se va a autorizar ninguna cesión”, ya que esta quedaría condicionada al cumplimiento de las exigencias establecidas tanto por el Consorcio como por el concesionario. “Es un deber estudiar todas las opciones para poder elegir la más favorable para la continuidad del servicio, para los vecinos y también para los trabajadores”, añadió.
El estudio de esta UTE plantea una subida de tarifas del 32,68% el primer año, una reducción progresiva de pérdidas hasta el 30% en cinco años y una inversión de 35 millones de euros, cifras que difieren del estudio propio del Consorcio, que fija la actualización media en el 15,06%.
