El ex presidente del Cabildo de Lanzarote insiste en su inocencia a pesar de que la UCO le atribuye un posible delito de cohecho y recalca que todas las causas en su contra han recaído sobre el Juzgado Número 2 de Arrecife
Con la voz algo ronca pero con un tono enérgico como es habitual, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz adjunto del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Pedro San Ginés, ha comparecido este martes al mediodía en rueda de prensa ante los medios de comunicación, arropado por su abogado, David Montes, para aclarar varias cuestiones relacionadas con los hechos ocurridos este lunes y las diferentes publicaciones aparecidas en prensa, tras el registro practicado este 28 de marzo por agentes de la UCO de la Guardia Civil en su vivienda de Naos, en Arrecife, desde las 8 horas y por espacio de 4 horas.
Prudente ante el secreto de sumario que desde el Juzgado Número 2 de Arrecife se ha decretado sobre las presentes diligencias, San Ginés ha aclarado en el encuentro con los medios de comunicación, celebrado en la Sala de Comisiones número 2 del propio Cabildo, que por lo que ha “podido saber hasta ahora”, se le investiga por hechos ya conocidos, como la contratación del abogado Ignacio Calatayud al frente de la administración concursal a la que fue sometida hace unos años Inalsa, la empresa pública de agua en Lanzarote; y por otra causa relacionada con la supuesta apropiación indebida por el cobro de 850.000 euros a dicho letrado como resultado de las costas procesales resultantes de los incidentes y litigios presentados por empresas que pleitearon con Inalsa en los tribunales de Justicia.
Lo novedoso, a su juicio, según ha recalcado San Ginés, es el posible vínculo que la UCO atribuye a dicho cobro de esos 850.000 euros con la adquisición, en el año 2011, de la vivienda en la que reside el ex presidente, y en la que venía viviendo desde el año 2007 en régimen de alquiler. Así las cosas, la UCO estaría atribuyendo al actual portavoz adjunto del Grupo Nacionalista un posible delito de cohecho.
San Ginés ha asegurado que “el origen de los fondos con los que ha venido pagando” la adquisición de su vivienda “son totalmente legales y legítimos”. Además, ha aclarado que la designación de Calatayud como abogado al frente de la concursal de Inalsa fue una decisión avalada por unanimidad por parte de los 9 componentes del Consejo de Administración de Inalsa. También ha señalado que los 850.000 euros cobrados por Calatayud no proceden en ningún caso de fondos públicos, sino que fueron abonados en concepto de costas procesales por las propias empresas que perdieron los distintos litigios que plantearon contra Inalsa.