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Jesús Machín, alcalde del municipio, ha sido señalado por la oposición y otros partidos de ámbito municipal por impedir el libre acceso a documentación oficial a pesar de que le obliga la Ley

El municipio de Tinajo se encuentra en el centro de una controversia política que va más allá de las habituales refriegas locales. El titular de este artículo resuena en la actualidad como una afirmación contundente en forma de pregunta que la oposición -y otros partidos-, además de un amplio sector de la ciudadanía tinajera, están forzando a Jesús Machín a responder de forma inmediata. 

Como muchos de los vecinos y vecinas conocen, el alcalde ha sido señalado por impedir el libre acceso a la documentación oficial, una obligación que, de forma tajante, le impone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

En cualquier democracia moderna, la transparencia no es un ideal deseable, sino un pilar fundamental. Es la herramienta que permite a la ciudadanía, también representada por la oposición -PSOE y MRT y otras formaciones políticas sin representación en el plenario, pero sí en el ámbito municipal como es el caso del Partido Popular-, ejercer el control democrático sobre la gestión de los recursos y las decisiones públicas.  

La negativa sistemática o la dilación en la entrega de documentos esenciales para la fiscalización levantan inmediatamente la sospecha de que algo se quiere ocultar. 

Ante esta situación resultaría natural hacernos, cuanto menos, dos preguntas: ¿Qué busca la oposición? Simplemente cumplir con su mandato de supervisar la labor del gobierno municipal. ¿Qué impide el acceso? Esta es la pregunta que la corporación y, sobre todo el alcalde, debe aclarar. ¿Es una negligencia administrativa, un problema logístico o, como sugiere la oposición, una decisión deliberada? 

Si se confirma esto último, basándonos en las denuncias públicas -principalmente del PSOE-, la gestión de Machín estaría incurriendo en una práctica que, lejos de ser simplemente “burocrática”, socava la confianza institucional y roza el autoritarismo. Un gobierno que silencia o bloquea los mecanismos de control se aparta del espíritu democrático. 

Por otro lado, la referencia en este artículo al nacionalismo añade una capa de complejidad y, quizá, una estrategia de defensa bajo escrutinio. La política nacionalista en Canarias se fundamenta, entre otras cosas, en la defensa de lo local y la identidad propia. Sin embargo, estos valores no deberían ser nunca un escudo para el ocultamiento o una “mala praxis” en la gestión. 

La pregunta clave es si el alcalde está utilizando la ´bandera del nacionalismo´ para desviar la atención de sus presuntas faltas de transparencia. Como cualquier ideología, debería ser evaluada por sus acciones concretas en el gobierno, no por sus lemas. Una gestión «en defensa de Tinajo» que no es transparente es, paradójicamente, una gestión que traiciona la confianza de sus propios ciudadanos. 

La Ley de Transparencia no hace distinciones ideológicas: es de obligado cumplimiento para todos, sean del partido que sean. Tratar de justificar la opacidad administrativa debería considerarse una táctica que la ciudadanía debe rechazar. 

La pelota lleva mucho tiempo en el tejado del alcalde Machín; casi tantos como lleva dirigiendo el municipio. Para disipar las graves acusaciones de gestión «autoritaria», no basta con emitir comunicados o descalificar a la oposición. Se requiere una acción inmediata y contundente. Es decir, abrir el Libro de Decretos y facilitar el acceso a archivos públicos, facilitando así la documentación que la ley exige. El caso de Tinajo es una especie de microcosmos dentro de un posible desafío más amplio en la política: la lucha entre el ejercicio del poder y la obligación de la rendición de cuentas.  

La calidad de nuestra democracia se mide en cómo se resuelven, entre otros, este tipo de conflictos. Un ayuntamiento debe ser una casa de cristal, no un búnker. La ciudadanía de Tinajo merece saber si su gobierno está siendo gestionado con la transparencia que merece. 

Es hora de que los hechos hablen más alto que las etiquetas políticas.