El Cabildo de Gran Canaria ya ha identificado a 35 personas que formaban parte del personal de la Corporación insular que fueron víctimas de algún proceso de depuración por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, por defender la legalidad institucional y que resultaron sancionadas de forma ilegítima y privadas de sus puestos de trabajo. El propósito de la Institución es reconocer y reparar las figuras de las y los afectados, un proceso iniciado a finales de 2021 y que coordinaba Pino Sánchez Bogatell, quien falleció prematuramente en agosto del año pasado.

El proceso de identificación de los represaliados se inició tras el Pleno insular celebrado en mayo de 2021, en el que se aprobó una moción auspiciada por los grupos políticos Nueva Canarias, Socialista PSC-PSOE y Sí Podemos para la declaración de reparación y reconocimiento de las personas afectadas por estas depuraciones que en la mayoría de los casos les llevó a perder su trabajo o a ser suspendidos de empleo y sueldo por defender la legalidad de la institución.

Proceso de investigación

Así, de la mano de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia que conduce Sara Ramírez, se puso en marcha el estudio de los expedientes de las posibles víctimas en el Archivo General de la Institución, para lo que se contó con un listado aportado por el historiador José Alcaraz Abellán en su tesis ‘El Cabildo y la institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: Poder Político y relaciones sociales entre 1936 y 1960’, así como con la colaboración del también historiador Sergio Millares.

Como resultado de ese trabajo, se ha elaborado una relación con todas las personas que fueron objeto de investigación y se les abrió expediente, de las cuales han quedado 35 nombres, una lista que es susceptible de ser ampliada en caso de que alguna persona pueda aportar información que no figure en los archivos del Cabildo. De las personas investigadas en su momento por los órganos represores, hay constancia de que hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras que fueron expedientados en la misma época por sus vínculos o manifestaciones políticas, e incluso de personas que fueron víctimas de los asesinatos que se perpetraron en La Marfea.

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