Categoría: Sociedad

Amado Vizcaíno denuncia que la tasa es “antisocial y arbitraria” y critica que se calcule según los metros cuadrados de la vivienda

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, ha criticado con dureza la modificación de la ordenanza fiscal de recogida de residuos debatida este martes en pleno, calificándola como “injusta, arbitraria y diseñada para esconder una subida de impuestos aún mayor a corto plazo”. El edil nacionalista anunció el voto en contra de su grupo y sostuvo que la propuesta supone “una injusticia social que oculta un tasazo disfrazado de ecología”.

Críticas al cálculo por metros cuadrados

Vizcaíno centró parte de su intervención en el criterio de cálculo de la tasa en función de la superficie de la vivienda. “Confunden de forma irresponsable el tamaño de una casa con la capacidad económica de quien la habita. La basura no la generan los metros cuadrados, la generan las personas”, afirmó.

El portavoz puso como ejemplo a personas mayores que viven solas en casas heredadas de Masdache o Conil, que podrían pagar más que una familia numerosa residente en un piso pequeño. “Esto no es justicia social, es castigar el arraigo y la historia de nuestros pueblos”, añadió.

Rechazo al incremento para negocios de Puerto del Carmen

Coalición Canaria también cuestiona el incremento de las tarifas para actividades económicas en Puerto del Carmen, donde, según Vizcaíno, se duplica el coste respecto al resto del municipio sin justificación técnica.

“Un restaurante de menos de 50 metros cuadrados en Puerto del Carmen pagará 611,60 euros, exactamente el doble que uno idéntico en el centro de Tías. ¿Dónde está el informe técnico que justifique que genera el doble de residuos? No existe”, aseguró.

El concejal nacionalista calificó esta medida como “arbitraria” y advirtió de que podría vulnerar el principio de igualdad tributaria. Vizcaíno también alertó de que la ordenanza se apoya en una memoria económica basada, según denunció, en un contrato de recogida “caducado y completamente desfasado”.

“Nos piden aprobar unas tarifas que son un espejismo. Están calculadas sobre un contrato prorrogado desde 2012, con camiones amortizados y un servicio que ya está dando problemas. Cuando se licite el nuevo contrato, con más personal y medios, el coste se disparará y volverán a traer otro tasazo”, manifestó.

Alegaciones y crítica al expediente

El portavoz de CC acusó al grupo de gobierno de retrasar la subida real para después de las elecciones y señaló deficiencias en la tramitación del expediente. Según Vizcaíno, la propia Tesorera advierte de la falta del informe del área de Medio Ambiente, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.

Además, criticó la ausencia de incentivos ambientales reales, la existencia de “trampas burocráticas” en las bonificaciones sociales y la falta de medidas de protección para propietarios afectados por impagos u ocupaciones ilegales. “Traen una ordenanza coja, fuera de plazo y sin garantías. Por responsabilidad con los vecinos, exigimos su retirada”, concluyó.

El edil invita a vecinos, autónomos y pequeñas empresas con actividad en Puerto del Carmen a presentar alegaciones contra la ordenanza a través de la sede electrónica cuando salga a exposición pública.

Ayudas al IBI para personas con discapacidad

Por otra parte, Vizcaíno denunció que el grupo de gobierno ha obligado a dejar sobre la mesa la moción presentada por Coalición Canaria para aliviar la carga fiscal del IBI a personas con discapacidad.

Según explicó, la propuesta original fue reformulada por su grupo mediante una enmienda para dotarla de viabilidad legal, sustituyendo la bonificación directa por un sistema de subvenciones, denominado “IBI Social”, que permitiría ayudar económicamente a este colectivo en función de su renta y grado de discapacidad. “Algo tan sencillo como adaptar la propuesta para que fuera legalmente viable ha sido rechazado con la excusa de que no han tenido tiempo para estudiar nuestras propias enmiendas”, lamentó.

El portavoz nacionalista aseguró que esta decisión retrasa una medida que considera urgente y necesaria para más de 1.600 personas con discapacidad en el municipio. “Han preferido bloquear una solución real antes que permitir avanzar en una medida de justicia social”, concluyó.